
Más de 5.000 funcionarios civiles de Defensa estudian demandar al Ministerio
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Más de 5.000 funcionarios civiles del Ministerio de Defensa, la mayor parte del cuerpo de auxiliares y administrativos, con nóminas mileuristas y más de dos décadas de antigüedad en el puesto, están estudiando demandar al departamento dirigido por Carme Chacón. Le acusan de no negociar la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y aplicar subidas "exiguas" y "aleatorias" en noviembre, lo que ha provocado desigualdades salariales y un profundo malestar en el colectivo.
La última y "exigua" revisión de categorías profesionales y salarios -Relación de Puestos de Trabajo (RPT)- del personal civil funcionario del Ministerio de Defensa ha sido la gota que colma el vaso de un colectivo "olvidado" para los poderes públicos: los funcionarios civiles de Defensa tildan de "irregulares y aleatorios" los criterios que ha seguido la Subdirección de Personal Civil del Ministerio de Defensa para subir el nivel y los salarios a algunos miembros del colectivo, mientras que otros siguen teniendo nóminas mileuristas, en muchos casos con más de dos décadas de antigüedad en el puesto, relatan al canal de Función Pública de Expansión.com algunos de estos trabajadores, que prefieren mantenerse en el anonimato.
Salvo una escasa minoría de gestión, la mayoría pertenecen al cuerpo de auxiliares y administrativos encargados del control del gastos del Ministerio, que llevan pidiendo varios años una revisión de sus condiciones profesionales y salariales, ya que ahora mismo están ocupando los niveles más bajos de toda la Administración del Estado y la última actualización de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ministerio bajo el mandato de José Bono excluyó a estos trabajadores. "Se olvidó del personal civil funcionario, es como si no existiéramos", acusan las fuentes.
Así, la RPT no se ha modificado desde hace 20 años, a pesar de que han ingresado en el cuerpo "en las mimas convocatorias públicas y con las mismas pruebas de acceso que cualquier otro funcionario, con lo cual, legalmente, tienen el mismo nombramiento público de los cuerpos generales que prestan servicio a otro Ministerio de la Administración General del Estado". Sin embargo, "sabemos que sí se han modificado estas condiciones anticuadas en otros organismos públicos como el Ministerio de Economía y Hacienda, la Dirección General de Tráfico, Fomento, Seguridad Social, etcétera. Nuestro problema es que el colectivo militar centra toda la atención del Ministerio y nosotros estamos en un cajón", se quejan.
Reunión decepcionante
Los funcionarios relatan que han escrito en numerosas ocasiones al Ministerio y al Defensor del Pueblo pidiendo un cambio de condiciones "sin respuesta", aseguran, y tampoco han tenido un respaldo suficiente de los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación. En septiembre hubo una reunión del Ministerio con los sindicatos con un resultado decepcionante para los funcionarios: "fue muy diferente a las propuestas que nosotros habíamos propuestos, creemos que el Ministerio ha sido muy intransigente y los representantes sindicales no han tenido suficiente capacidad negociadora".
Esta reunión se saldó con una modificación de los niveles salariales en el 90% de las plazas de auxiliar y administrativo contempladas en la RPT. Como resultado, en noviembre "ha habido cambios en muchas nóminas en niveles y complementos específicos, pero no se explican los criterios que se han seguido". Parece que puede haber sido la antigüedad -que se hayan mejorados las condiciones a partir de los 30 años de pertenenecia al cuerpo-, "pero si es así, no se nos ha notificado y además, hemos visto casos extraños; concretamente, aumento de categoría en puestos con poca antigüedad o si siquiera consolidados", se explican.
"Estas modificaciones son aleatorias", sentencia. "La nueva RPT debería aplicarse a todo el personal. Se da la circunstancia, además, de que se tendrá en cuenta la antigüedad en la Administración, pero no el grupo, la formación o la capacidad del personal. "Y sólo van modificar las plazas de los funcionarios que llevan más años, muchos de ellos personal funcionarizado que entró a través de un contrato laboral, no por oposición como lo hemos hecho los funcionarios de los cuerpos generales".
Argumentos para demandar
Estas fuentes aseguran que si no el Ministerio de Defensa no les da explicaciones presentarán una demanda judicial, ya que ahora mismo hay muchas diferencias salariales entre el personal, lo que ha creado un ambiente muy enrarecido. "La aplicación unilateral por parte de la administración de esta burla con la RPT pone en grave peligro la paz social, laboral, organizativa y personal en los centros de trabajo del Ministerio. Es de tal magnitud la irresponsabilidad por parte de la Administración que se advierte de las graves consecuencias que su aplicación podría traer en las relaciones laborales y personales entre los funcionarios de este departamento, según hayan sido o no reclasificados".
Estas fuentes afirman que "se producirán situaciones en un mismo centro de trabajo en que las diferencias salariales serán grandes que las ahora existentes, incluso en perjuicio del funcionario más antiguo: un caso claro de mobing laboral, perfectamente denunciable, por todos los funcionarios que no han sido afectados por esta reclasificación".
Este colectivo, la inmensa mayoría del sexo femenino, señala, además, "que no hay posibilidad de preparación de la promoción interna en horario de trabajo como puede darse en otros departamentos y la formación continua fuera de Madrid apenas existe, por lo que se vulnera claramente una de las leyes bandera del actual gobierno, la Ley de Igualdad.
Mano de obra barata
A esta situación se suma que "la peligrosidad en nuestro trabajo, real y vivida día a día, tampoco está contemplada ni remunerada", aseguran. "Desde que se ha producido el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas suprimiendo los soldados de reemplazo, nos hemos convertido en la mano de obra barata que suple la ausencia de tropa para desarrollar el trabajo de oficina".
Estas fuentes señalan que en sólo cuatro años, el número de funcionarios civiles de Defensa se ha reducido casi a la mitad -de 8.000 efectivos ha pasado a contar con 5.000-, y tanto la promoción profesional como el acceso a cursos formativos están parados. "Es curioso ver como funcionarios de nuevo acceso en otros ministerios entran a ocupar plazas mucho mejor retribuidas que funcionarios de Defensa con más de 25 años de antigüedad", ironizan. ¿Acaso nos están diciendo que nos vayamos? Se preguntan.
Fuente: Expansion.com
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